Ser una empresa "verde" paga poco en la Argentina

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A diferencia de lo que ocurre en otros países, las compañías amigables con el ambiente no tienen aquí exenciones impositivas u otros incentivos económicos

Por Carlos Manzoni

Una bodega mendocina calcula y certifica la huella de carbono de su vino; una alimenticia cordobesa entra en el mercado voluntario de bonos de carbono y una exportadora de yerba mate obtiene los sellos de comercio justo y producto orgánico. Más allá de estos logros de Salentein (con su Portillo Malbec), Arcor y Guayaki, y de las diversas acciones de sustentabilidad que llevan adelante muchas empresas en la Argentina, no existe en el país una política de incentivos económicos para que las compañías reduzcan su impacto en el medio ambiente.
 
El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el miércoles pasado, encuentra al país muy rezagado en el ránking "Green Tax Index", elaborado por KPMG, que mide cómo los países usan las sanciones y los incentivos impositivos para promover la protección del medio ambiente. En esta medición, de la que da cuenta un informe de la escuela de negocios española IE Business School realizado por la profesora Gayle Allard, Estados Unidos aparece primero, seguido por Japón, Reino Unido y Francia. La Argentina está 19, un puesto detrás de Brasil.
 
Más allá de rankings, la realidad muestra que la motivación de las compañías para reducir la huella de carbono o hídrica y minimizar su impacto ambiental no está dada por un incentivo económico del Gobierno. Rodrigo Herrera Vegas, cofundador de Sustentator, empresa de soluciones y productos sustentables, dice que lo que se busca es que el consumidor con conciencia ambiental premie esa preocupación. "Se lo puede tomar como una acción de marketing", opina el especialista.
Para Alex Pryor, cofundador junto con David Karr de Guayaki, empresa productora y exportadora de yerba mate orgánica, iniciar ese tipo de producción fue una iniciativa privada. "Además de los sellos de mercado justo y orgánico, nuestra empresa fue certificada como B (sólo hay 12 en el país), que garantiza que es amigable social y ambientalmente", destaca Pryor.
Marcelo Carranza, gerente de Medio Ambiente de Arcor, destaca que desde la oficina oficial de Cambio Climático no se dieron, hasta lo que él conoce, incentivos económicos, pero sí se promovió la producción limpia y de desarrollo limpio, que son los relacionados con los bonos de carbono (ver recuadro). "Hubo mucha promoción de estos programas, mediante talleres, congresos, desarrollo de página web y capacitación", señala Carranza.
Arcor, al igual que Aceitera General Deheza, entre otras, entraron al mercado de bonos. La primera lo hizo en el voluntario, al pasar a usar biomasa en lugar de gas natural, y la segunda, en el regulado, al instalar una caldera con la que obtiene energía a partir de la quema de cáscara de maní y girasol.
Nazareno Castillo Marín, director de Cambio Climático, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dice que, dada la multiplicidad de metodologías a nivel mundial, resulta complejo establecer un parámetro de comparabilidad. "Para ello, por ejemplo, existen nuevas normas internacionales como la ISO 14067 (norma sobre el cálculo de la huella de carbono en producto, y su comunicación incluyendo el etiquetado)", explica.
En el mundo hay diversos sellos de protección ambiental, como los de comercio justo, wind made (garantiza que se usó energía renovable en la producción), el de manejo responsable de bosques, el que certifica que no se hizo testeo en animales y el de reciclado. Es este último el que, según Herrera Vegas, más se aplica en la Argentina. No todos ellos son exigidos en los mercados de exportación, pero, como advierte Carranza, con el tiempo serán requisito para colocar allí los productos.
Tampoco hay en el país exenciones impositivas o alicientes por usar autos ecológicos. En Nueva York, por caso, la mayoría del transporte público se hace con híbridos. Aquí, en cambio, se lo recarga con impuestos: 35% de arancel de exportación, 11% por ser auto de lujo y 21% de IVA.
Eduardo Kronberg, gerente de relaciones públicas, responsabilidad social y comunidad de Toyota, cuenta que en 2009, cuando su firma lanzó en el país el Prius, un auto híbrido, se fijó una reducción de 35% a 2% del arancel de importación, para un cupo de 200 unidades, pero eso sólo duró dos años.
"En general, en todo el mundo este tipo de tecnología, dado que todavía es cara, tiene incentivos para que se desarrolle -explica Kronberg-. En algunos países tiene reducción impositiva; en otros, descuento en los valores de registración, y en algunos, menor costo de estacionamiento."